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Analizamos las últimas normas, sentencias y resoluciones con un enfoque práctico para que no te pierdas nada.

La Sentencia de 21 de abril de 2025 resuelve un relevante caso en torno al ejercicio del derecho de retracto por parte de arrendatarios tras la venta masiva de viviendas públicas. El Supremo interpreta de forma estricta el art. 25.7 LAU: si el arrendador transmite en bloque todas sus propiedades en un edificio, no cabe el retracto, aunque haya precios individualizados o la operación forme parte de una venta mayor.
Tribunal Supremo y resolución contractual por incumplimiento bilateral Analizamos la reciente la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que aclara los efectos de la resolución de contratos cuando ambas partes incumplen. El Supremo descarta la indemnización pero exige la restitución de lo recibido, aplicando por analogía el artículo 1303 del Código Civil ante el vacío del 1124. Se trata de una sentencia relevante para entender cómo se equilibran los efectos económicos en contextos de incumplimiento recíproco.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de enero de 2025, en el asunto C-394/23 en la que se trata el caso de una reclamación contra SNCF, que obliga a seleccionar «Sr.» o «Sra.» al comprar billetes en línea. Se argumenta que esto no es necesario para la ejecución del contrato ni para el interés legítimo de la empresa, por lo que infringe el principio de minimización de datos. El TJUE evalúa si esta recogida de datos es compatible con el RGPD.
El 23 de enero el Tribunal Supremo publicó una sentencia en la que analiza los motivos que pueden llevar a la nulidad de un negocio cuando se incurre en la prohibición de asistencia financiera en la adquisición de acciones de una sociedad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia es limitada, pero esta sentencia ofrece aspectos relevantes a tener en cuenta sobre la aplicación de la prohibición.
Circular 4ºT 2024 Datos y Nuevas Tecnologías. El último trimestre de 2024 ha traído importantes novedades en materia de nuevas tecnologías y datos, materias que tienen un impacto cada vez mayor en las empresas. En la circular trimestral analizamos resoluciones recientes de la Agencia Española de Protección de Datos, sentencias relevantes y las últimas novedades legislativas que marcarán el futuro del sector. Destacamos especialmente el Reglamento General de los Productos y el Data Act.
Pronunciamiento de la Dirección General sobre las fusiones simplificadas: claridad en la aplicación de la LME La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha emitido una resolución clave sobre la necesidad del informe de los administradores en fusiones por absorción de sociedades íntegramente participadas. En ella, se confirma que en los procesos acogidos al régimen de fusión simplificada, este informe puede suprimirse en su totalidad, incluyendo la sección destinada a los trabajadores. Esta decisión es relevante en el contexto de la compleja estructura de la Ley de Modificaciones Estructurales, donde las remisiones entre artículos y las excepciones no siempre delimitadas generan incertidumbre. Con esta resolución, la DGSJyFP refuerza la seguridad jurídica y aporta un criterio interpretativo claro para futuras fusiones internas.
𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗶𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱: 𝗔𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗲𝘆 𝗡𝗜𝗦-𝟮 𝗲𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮 El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de enero de 2025 el anteproyecto de ley que transpone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS2. El objetivo de esta norma es reforzar la protección de las redes y sistemas de información de entidades pertenecientes a sectores críticos, que enfrentan crecientes riesgos y desafíos en materia de ciberseguridad. Este Anteproyecto representa un paso clave para mejorar la resiliencia digital, establecer nuevas obligaciones para las organizaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.
El 8 de enero de 2025 se publicó para audiencia pública el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la regulación de las OPAs para extender su aplicación a sistemas multilaterales de negociación, como BME Growth. Se trata de una regulación muy esperada por los emisores, prevista en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, pero pendiente hasta el momento de desarrollo reglamentario.

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