El 31 de octubre de 2024 entró en vigor del Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (“AAI”), como complemento a la Ley  2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La Directiva de Diligencia Debida ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Esta norma impone a las grandes empresas que operen en la Unión Europea la obligación de evaluar para prevenir, mitigar y remediar los riesgos que sus operaciones tienen para los derechos humanos y el medioambiente, tanto las que realiza directamente como las que se realizan durante la cadena de actividades.

El 21 de febrero de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, que regula la obligación de implementar un canal de denuncias (whistleblowing) en las empresas con más de 50 trabajadores. La Ley prevé sanciones muy graves (entre ellas, multas de hasta un millón de euros o prohibición de contratar con el sector público) si se incumple con la obligación de contar con este sistema interno de información con los requisitos que establece la norma. Corresponde al órgano de administración la implementación del sistema y el nombramiento de un responsable independiente que lo gestione.