Incumplimiento mutuo de un contrato de construcción de proyecto fotovoltaico: el Tribunal Supremo condena a la restitución de la contraprestación sin indemnización.

Tribunal Supremo y resolución contractual por incumplimiento bilateral
Analizamos la reciente la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que aclara los efectos de la resolución de contratos cuando ambas partes incumplen. El Supremo descarta la indemnización pero exige la restitución de lo recibido, aplicando por analogía el artículo 1303 del Código Civil ante el vacío del 1124.
Se trata de una sentencia relevante para entender cómo se equilibran los efectos económicos en contextos de incumplimiento recíproco.

El TJUE interpreta si la recogida de datos relativos a los términos “Señor” o “Señora” son necesarios para ejecutar un contrato y cumplen con el principio de minimización de datos

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de enero de 2025, en el asunto C-394/23 en la que se trata el caso de una reclamación contra SNCF, que obliga a seleccionar «Sr.» o «Sra.» al comprar billetes en línea. Se argumenta que esto no es necesario para la ejecución del contrato ni para el interés legítimo de la empresa, por lo que infringe el principio de minimización de datos. El TJUE evalúa si esta recogida de datos es compatible con el RGPD.

Fusiones simplificadas e informe de administradores en la nueva Ley de Modificaciones Estructurales

Pronunciamiento de la Dirección General sobre las fusiones simplificadas: claridad en la aplicación de la LME
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha emitido una resolución clave sobre la necesidad del informe de los administradores en fusiones por absorción de sociedades íntegramente participadas. En ella, se confirma que en los procesos acogidos al régimen de fusión simplificada, este informe puede suprimirse en su totalidad, incluyendo la sección destinada a los trabajadores.
Esta decisión es relevante en el contexto de la compleja estructura de la Ley de Modificaciones Estructurales, donde las remisiones entre artículos y las excepciones no siempre delimitadas generan incertidumbre. Con esta resolución, la DGSJyFP refuerza la seguridad jurídica y aporta un criterio interpretativo claro para futuras fusiones internas.

Nuevo proyecto de Ley de Ciberseguridad

𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗶𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱: 𝗔𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗲𝘆 𝗡𝗜𝗦-𝟮 𝗲𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de enero de 2025 el anteproyecto de ley que transpone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS2.

El objetivo de esta norma es reforzar la protección de las redes y sistemas de información de entidades pertenecientes a sectores críticos, que enfrentan crecientes riesgos y desafíos en materia de ciberseguridad.

Este Anteproyecto representa un paso clave para mejorar la resiliencia digital, establecer nuevas obligaciones para las organizaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.

Proyecto de Real Decreto por el que se extiende la aplicación del régimen de las OPAs a los sistemas multilaterales de negociación como BME Growth

El 8 de enero de 2025 se publicó para audiencia pública el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la regulación de las OPAs para extender su aplicación a sistemas multilaterales de negociación, como BME Growth. Se trata de una regulación muy esperada por los emisores, prevista en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, pero pendiente hasta el momento de desarrollo reglamentario.

Flexibilidad en la retribución de los consejeros ejecutivos

La DGSJyFP emite dos resoluciones en las que realiza un análisis detallado acerca de la evolución de la interpretación de la regulación estatutaria de los consejeros ejecutivos y la flexibilidad en la interpretación de la regulación de su retribución.

Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante

El 31 de octubre de 2024 entró en vigor del Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (“AAI”), como complemento a la Ley  2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.