El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia en la que interpreta el derecho de no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. La interpretación del TJUE es especialmente relevante en el actual contexto de auge de sistemas de scoring no sólo en materia crediticia, sino en muchos otros campos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado recientemente una guía en la que se detallan los límites que deben tener en consideración las empresas para usar la biometría para el control de acceso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en relación con la imposición de multas administrativas por infracción del RGPD, en la que analiza los elementos que deben concurrir para la imposición de sanciones en materia de protección de datos e interpreta conceptos de gran relevancia, como el de responsable del tratamiento o corresponsables del tratamiento.

Antes del final de este año se prevé que quede aprobada definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial europea, sobre la base del texto que aprobó el Parlamento Europeo. La regulación no sólo afecta a sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, sino que resultará de aplicación a las empresas que utilicen sistemas de sencillas técnicas estadísticas, identificación biométrica, dispositivos activados por voz o sistemas de reconocimientos de emociones, entre otros muchos.

En julio se publicó y entró en vigor el Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, que introduce importantes medidas con la finalidad de digitalizar su acceso y funcionamiento, que afectan tanto al proceso de inscripción como al propio sistema de publicidad.

El 11 de julio la Agencia Española de Protección de Datos publicó su Guía sobre el uso de las cookies, cuyas medidas deberán implementarse antes del 11 de enero de 2024.

El 16 de noviembre de 2022 entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA) aprobada por el Parlamento Europeo. La DSA pretende establecer un marco legal para que los operadores digitales actúen con transparencia y se proteja a los usuarios de contenido ilícito y requerirá que la mayoría de los prestadores de servicios intermediarios adapten sus términos y condiciones. En este Insight se sintetizan sus principales novedades.