La Directiva de Diligencia Debida ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Esta norma impone a las grandes empresas que operen en la Unión Europea la obligación de evaluar para prevenir, mitigar y remediar los riesgos que sus operaciones tienen para los derechos humanos y el medioambiente, tanto las que realiza directamente como las que se realizan durante la cadena de actividades.